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El Ayuntamiento de Cotobade remitió ayer un escrito a la Gerencia Territorial del Catastro en Pontevedra para que incluya y valore los dos parques eólicos que afectan al municipio con vistas a poder contar con el padrón catastral de estos nuevos BICES (bien inmueble de características especiales) dentro del primer trimestre del 2009 para que empiecen a tributar a partir del 1 de enero. El parque eólico del Monte Seixo tiene 53 aerogeneradores en el término municipal de Cotobade, mientras que el de la Serra do Cando aporta 44 molinos de viento.

El alcalde, el socialista Manoel Loureiro, busca sacar la máxima rentabilidad económica a estas instalaciones -consideradas BICES por una sentencia del Tribunal Supremo de mayo del 2007-, algo que hace extensible a los aprovechamientos hidroeléctricos que soporta Cotobade. En total seis, cuatro en el río Lérez y dos en el Almofrei.

Propuestas:

El equipo de gobierno plantea varias alegaciones para que el departamento del Ministerio de Economía las tenga en cuenta a la hora de valorar como BICES estos bienes.

En concreto, el Concello solicita la reforma del Real Decreto 1464/2007 para dar cumplimiento a la sentencia del Supremo, incluyendo un articulado específico para los BICES de instalaciones renovables y un anexo que contemple los elementos de que consta un parque eólico.

«Con la ponencia especial aprobada no se tienen en cuenta todas las instalaciones de que consta un parque y el módulo aplicable, careciendo de grandes unidades, resulta insuficiente y se aleja en mucho del valor de mercado», expone el regidor. También se plantean cambios respecto al módulo aplicable al terreno, la afectación territorial y el coeficiente corrector por antigüedad.

Fuente: La voz de Galicia – Fecha de publicación: 29/01/2009

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Louzán toma la bandera de los pequeños concellos para que se beneficien del gigantesco negocio del concurso eólico.

Cuando la polémica por el concurso eólico arrecia, la Diputación de Pontevedra ha encontrado una hábil manera de introducirse en el debate. Y además enfundada en el traje de benefactor de los ayuntamientos de la provincia. En medio de las acusaciones de oscurantismo y los negocios millonarios al amparo del decreto que moverá una inversión de más de cinco mil millones de euros, solo unos pocos miles le valdrán a la institución que preside Rafael Louzán para hacerse un hueco en el debate.

La Diputación ha aprovechado una reciente sentencia del Tribunal Supremo para que su voz se oiga también ligada al debate del viento. Y lo hace además con la satisfacción de ser el que llegará con el saco del dinero para los concellos con parques eólicos debajo del brazo. La decisión judicial específica que los molinos de viento que salpican y poblarán ahora de forma masiva el monte deben tributar a los ayuntamientos como bienes inmuebles de características especiales, con la consiguiente subida del tipo impositivo del 0,4 al 1,5.

Y es ahí donde entra en juego la Diputación. Para que los molinos, instalados en su mayor parte en pequeños municipios del rural, tributen, deben estar inscritos en el catastro, que a su vez les gestiona la Diputación de Pontevedra a través del servicio del Oral a estos pequeños municipios.

«A riqueza que se estaba a xenerar era bastante ínfima. É un filón para todos, unha mina. Todo o que da leite hai que muxilo cada vez máis. Neste caso para beneficio dos concellos», opina Manuel Míguez, de la Asociación de Comunidades en Mancomún de Galicia.

Rafael Louzán le ha puesto voz así a los olvidados en el vendaval político. «Era hora de que os concellos tamén se beneficien de este negocio», reclamó el presidente de la Diputación de Pontevedra la semana pasada. Xosé Alfredo Pereiras, de la Federación Galega de Comunidades de Montes comparte la opinión: «Donde se vai producir a riqueza é en terras veciñais. O que temos que debatir é se o decreto que regula a enerxía eólica é o máis adecuado para que o aproveitamento eólico beneficia ao país, entendendo por tal aos homes e mulleres que o habitan, pero o tema impositivo está por bo camiño».

Acción municipal coordinada

Manoel Loureiro, el alcalde socialista de Cotobade lo tiene claro también: «Un Concello como o de Cotobade non percibía ningún beneficio. Temos que organizarnos como concellos co fin de recadar unha parte do gran valor que xeneran os aeroxeneradores».

El beneficio del negocio será grande, sin duda. No tanto para los ayuntamientos, pero sí al menos de las mismas dimensiones que la polémica que se avecina tras una adjudicación llena de dudas y que tendrá que resolverse en un gobierno gallego cuyos socios no han ocultado su más que tirante relación en lo que afecta al negocio del viento.

Y Rafael Louzán ha cogido una bandera que ondear cada vez que arrecie el vendaval político del concurso eólico.

Fuente: La voz de Galicia – Fecha de publicación: 04/01/2009

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Una parte de los 2.325 megavatios que la Consellería de Innovación e Industria repartirá en el inminente concurso eólico ya están en el mercado de las reventas. Las grandes operadoras quieren asegurar sus planes de expansión y, tras asumir que saldrán peor paradas de la convocatoria pública de lo que esperaban, han comenzado a moverse en el mercado, llegando a acuerdos con pequeños propietarios sobre molinos ya en funcionamiento o en tramitación, e incluso sobre parques que de momento solo existen en la imaginación de sus dueños.

En el sector eólico gallego se da por hecho que pocos candidatos se llevarán más de cien megavatios (posiblemente algunos que se presentan en varios proyectos), pese a que todos los grandes operadores acuden con peticiones de entre 600 y 900. Las grandes eléctricas habían marcado en su calendario el mes de octubre como una fecha determinante para consolidar sus planes de expansión, pero ahora ven que si quieren cumplir esos proyectos tendrán que rascarse el bolsillo. Fuentes del sector confirman que hay negocios en marcha en los que pequeños operadores venden sus parques e incluyen en las conversaciones la potencia que esperan sumar tras la resolución del concurso. «Se trata, sobre todo, de pequeñas firmas apuradas por los bancos y que han soportado peor el parón sufrido por el sector en los tres últimos años», explican estas fuentes.

Un portavoz de una gran eléctrica confirma que es un buen momento para comprar eólica en España. La entrada de FCC en el negocio del viento con la adquisición de los parques de la australiana Babcock «va a actuar de onda expansiva en el sector», explica esta fuente. La constructora de Esther Koplowitz ha acordado la compra de 14 instalaciones de aerogeneradores en España (cuatro de ellos en A Lama, Forcarei, Cotobade y Guitiriz) con una potencia total de 421 megavatios (cien en Galicia). FCC pagará por la operación 190 millones y asumirá deuda por otros 590. Según el banco de inversión JP Morgan, el acuerdo supone valorar el megavatio en 1,99 millones de euros, con una prima de un 15% respecto al precio fijado en la salida a Bolsa de Iberdrola Renovables, el primer operador del mundo.

Fuentes del sector explican que los precios que se están negociando en Galicia son muy inferiores. Con criterios exclusivamente financieros, un parque medio de 2.800 horas de viento al año, con una rentabilidad para el comprador del 8% a 30 años, y sin contar la inversión efectuada para instalar el aerogenerador (en torno a 1,3 millones por megavatio) debería cotizar en el mercado por encima del millón de euros. No obstante, la necesidad de liquidez de algunos productores podría obligarles a vender por debajo de los 400.000 euros, según las mismas fuentes.

Evitar la especulación en el sector fue una de las grandes preocupaciones del BNG a su llegada a Industria. El equipo de Fernando Blanco quería impedir que se repitiera la situación de mandatos anteriores, en los que más de la mitad de los megavatios adjudicados fueron revendidos antes de clavar un solo molino en el monte. Para ello, el nuevo decreto eólico limita la venta al día siguiente en el que los aerogeneradores estén instalados y conectados a la red. Además, la operación queda a expensas de una autorización administrativa de la consellería competente en materia de energía.

Fuente: La voz de Galicia – Fecha de publicación:01/09/2008

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